El siguiente artículo fue publicado en el 2008 como parte de una antología sobre periodismo Latinoamericano a cargo de becarios del Institute for Further Education of Journalists-FOJO de Suecia. Hasta hoy 6 de marzo del 2009, la fotografía del presidente Alan García con Fernando Cuevas Cepeda sigue apareciendo en la web Primerapagina.com.co y en otras que han acogido y comentado esa información.
Escribe: Orazio Potestá (*)
I Una fotografía vuelve del pasado
La mañana del domingo 11 de mayo fue particularmente fría en Lima. Casi escondido entre la niebla, en el patio de mi garaje, encontré el diario El Comercio, uno de los más importantes del Perú y en el que trabajé durante tres intensos años investigando mafias de tráfico de personas, de armas y de drogas, así como sus nexos con las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la política.
Aparecía en portada una entrevista con el presidente de la República, Alan García, cuya popularidad ya venía bajando en forma intermitente pero continuada en las encuestas de opinión. Y habrá sido por ese instinto desarrollado tras la lectura de decenas de caritativas entrevistas realizadas a otros jefes de Estado, que me sentí preocupado y no interesado en esa entrega periodística. La helada mañana ya no me carcomía la piel como hacía algunos minutos.
Luego de diez años de haber sobrevivido a una dictadura cívico-militar encabezada por el ex mandatario y ahora procesado por la justicia Alberto Fujimori, los peruanos han aprendido a cuestionar a los periodistas y a no tener reparos en colgarles el cartel de pusilánimes cada vez que muestran un excesivo respeto a la autoridad de turno.
Setenta y dos horas antes, en una mañana no tan oscura como la de hoy, mi jefe me había llamado a su despacho para preguntarme si sabía de una fotografía publicada en una página de Internet colombiana especializada en periodismo de investigación llamada Primerapagina.com.co
El diálogo se desarrollaba en la sede de INFOREGIÓN, una pujante agencia de prensa especializada en temas sobre narcotráfico y desarrollo social, en la que me desempeño como editor de noticias regionales.
Respondí que no, que era la primera vez que la veía, mientras afinaba la mirada en la pantalla. Pregunté el año de su publicación y me dijo 2006. Luego comenté que había cubierto la campaña electoral de ese año como periodista del diario El Comercio y que esa imagen era desconocida para mí.
Mi jefe y yo apretamos las mandíbulas y nos miramos.
El narcotráfico es una costra que lejos de caer se fortalece y golpea al Perú desde hace varios lustros.
En la imagen se apreciaba al ahora jefe de Estado peruano, Alan García, al lado de un personaje que había mirado el lente de la cámara fotográfica con un gesto indescifrable o simplemente diplomático.
El ahora presidente de la República se mostraba muy sonriente, su acompañante no. El actual primer mandatario del Perú sujetaba una pequeña hoja doblada, cogida con las dos manos, mientras que su enigmático acompañante, libre de objetos, tenía los brazos estirados y pegados al cuerpo. Era una toma cerrada que impedía interpretar adecuadamente la fotografía, pues no se observaban muebles, cuadros ni calendarios, apenas una cortina al fondo que dejaba pasar tenuemente la luz del exterior.
“Alan García, quien se refugió en Colombia en junio de 1992 bajo la figura del asilo político, aparece en la fotografía sonriente al lado de Óscar Fernando Cuevas Cepeda, mientras dobla en sus manos un curioso papel que acaba de recibir de su anfitrión”. Eso publicó Primera página.com el primero de junio del 2006.
Óscar Fernando Cuevas Cepeda. Curiosa la costumbre en Colombia de resaltar siempre los dos nombres de pila y los dos apellidos de las personas, vieja herencia de la colonia en el país que mejor trata el idioma castellano.
La policía y la justicia de ese país lo describen como el más grande lavador de dólares del narcotráfico en la historia de Colombia y uno de los principales asesores financieros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, grupo terrorista que actúa en alianza con las mafias del tráfico de drogas. Investigaciones posteriores ayudaron a conocer que ese personaje había ayudado al cártel de Cali en la limpieza de al menos 50 millones de dólares semanales.
La fotografía con Alan García habría sido tomada en una de las casas que Cueva Cepeda tenía en Bogotá y encontrada luego en un allanamiento de la policía colombiana en otra de sus residencias ubicada en la misma ciudad.
Nacido en Cali en 1952, miembro de una familia rica y con muchos contactos políticos y económicos, Cuevas Cepeda fue educado en la universidad de Harvard y como hombre de mundo utilizó su magnífico panorama empresarial para proteger financieramente a diversos capos del narcotráfico y no ser descubierto con facilidad por la sagaz policía colombiana.
La imagen fue captada entre 1991 y el 2004, antes de ser recapturado por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS de Colombia, pues pesaba sobre sus hombros una condena de nueve años de cárcel impuesta en el 2001 y que ahora cumple en el centro penitenciario de La Dorada.
¿Sabían de sus antecedentes delictivos los políticos que se fotografiaban con él? ¿Financió campañas electorales? Lo cierto es que sus antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico no eran precisamente un secreto. Primerapagina.com publicó que fue “arrestado por la DEA en 1986 en Los Ángeles por distribución de cocaína” y sentenciado a 15 años de prisión, siendo luego expulsado de los Estados Unidos tras haber cumplido la tercera parte de esa pena.
Siendo un personaje conocido en Colombia, la revista Cambio no tuvo reparos en dedicarle una portada titulada “Los contactos de Cuevas” y en la que mencionaba con enormes letras su amistad con el ex jefe de Estado de Argentina, Carlos Saúl Menem.
¿Qué tan cerca se encuentra el tráfico de drogas de los políticos? ¿Qué tan cerca se encuentra ese delito de nuestras democracias? ¿Son limpias nuestras democracias?
Lo único cierto es lo que siento. Y lamentablemente, conforme avanzo el presente artículo para Fojo, me convenzo de que las democracias latinoamericanas esconden controvertidos secretos.
II ¿Soporte de la democracia?
Tuve la particular suerte de cubrir (disfrazado de cronista político) las elecciones presidenciales del 2006, donde Alan García fue elegido presidente de la República con el 52.6% de los votos, apenas cinco puntos más que su oponente Ollanta Humala, de acuerdo con el conteo oficial de los organismos electorales peruanos.
Alan García fue el ganador de esas elecciones representando al añejo y tradicional Partido Aprista Peruano (PAP) y tras haber ocupado anteriormente la presidencia del Perú en el periodo 1985-1990.
Que muchos de los partidos políticos peruanos son financiados por el narcotráfico es una sospecha (o certeza) que lejos de diluirse se ha incrementado con el paso del tiempo y debido a una serie de signos o datos proporcionados por la incansable realidad de mi país.
Era la noche del viernes 7 de abril del 2006. Viento, bulla y tráfico enloquecido. Miles de personas se habían concentrado en el tradicional Paseo de los Héroes Navales, en pleno centro de Lima, para asistir al cierre de campaña de uno de los principales candidatos de la campaña electoral de ese año.
Uno de los tres candidatos con mayores opciones para ser el próximo presidente del Perú se despedía de sus admiradores y partidarios, pues las leyes peruanas prohíben la realización de mítines 48 horas antes de los comicios. Era la última presentación del político que había declarado cada hora y cada minuto, en los diarios, en las radios y en las estaciones de televisión, que su campaña era “austera” y “pobre”. Y la gente así lo creyó.
Pobre y austera hasta que el pregonero que hizo de “calienta plazas” reveló que ese candidato a Palacio de Gobierno había participado en 380 mítines en todo el país, en siete u ocho meses de campaña, lo que implicaba el manejo de una maquinaria organizativa y logística impresionante, pues había que usar aviones, avionetas, autos y helicópteros para vencer la irregular geografía peruana y hacer hasta dos o tres concentraciones diarias en diferentes zonas ubicadas a miles de kilómetros de distancia.
Y si las encuestas de opinión así lo requerían, el plan de viaje podía cambiar súbitamente para acudir a las regiones en las que el postulante a la jefatura del Estado había empezado a descender en las preferencias electorales.
¿Cómo financió aquel candidato presidencial sus 380 mítines?
¿Cómo lo hizo si los aportes de sus partidarios fueron prácticamente inexistentes de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, entidad encargada de verificar la procedencia legal del dinero de los partidos políticos peruanos?
Algunos medios de comunicación revelaron los engaños maquinados por muchos partidos políticos para ocultar la real procedencia de los fondos de campaña electoral, utilizando incluso la identidad de personas muertas y de otras muy humildes para inscribir supuestas y millonarias donaciones de dinero, de acuerdo con revelaciones del programa televisivo Reporte Semanal de Frecuencia Latina-Canal 2.
Rolando Ayala Salinas, pese a haber fallecido en el 2005, fue donante del PAP en el 2006. Marcelo Yataco Peves, carpintero que ganaba 500 soles al mes, se enteró con sorpresa que había entregado su salario de tres meses al movimiento Unidad Nacional. Luis Peñafiel Reyes, guardaespaldas del candidato del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, puso en serios aprietos a su jefe cuando rechazó haberle donado seis mil seiscientos soles para su campaña electoral.
Incluso se denunció que el APRA, para no despertar sospechas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, envió una interminable lista de personas con donaciones muy reducidas, casi insignificantes, para evitar el registro de grandes sumas de dinero.
El 2 de enero del 2006 pude plasmar en un informe periodístico publicado en el diario El Comercio una idea que me rondaba la cabeza desde hace varios años: Preguntar a los candidatos a la presidencia del Perú si habían previsto acciones o mecanismos de control para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en sus campañas.
El momento no podía ser mejor, pues se transitaba por una coyuntura electoral en un país que había superado (de acuerdo con fuentes no oficiales) la producción de 300 toneladas de cocaína al año.
Ninguno de los encuestados mencionó la posibilidad de solicitar a sus tintineantes donantes de dinero, sus antecedentes policiales y judiciales, declaraciones juradas de impuestos y propiedades, junto a cartas de presentación firmadas por ciudadanos de probada solidez moral, tal como lo sugirieron en el informe periodístico ex miembros de la División de Investigación Financiera (DINFI) de la policía peruana.
Las respuestas sorprendieron. Candidatos con verbo filudo y entrenado para lucirse en entrevistas televisivas y plazas públicas se mostraron erráticos. No supieron qué contestar.
Inclusive, el respetado político peruano y ex presidente de la República, Valentín Paniagua, dijo que no conocía “en detalle ese tema” y que era mejor que llamáramos al secretario general de su movimiento partidario para obtener mayor información. Luego colgó el teléfono.
No faltaron quienes trataron de camuflar su ignorancia atacando y señalando que las campañas electorales de sus contrincantes se encontraban ligadas al tráfico de drogas.
Otra de las interrogantes era: ¿Qué haría usted si de pronto apareciera en su local partidario una persona que desea donar una alta suma de dinero? ¿Le dirían que no?
José Cardó Guarderas, candidato del partido Reconstrucción Nacional, respondió: “No le decimos que no. Le solicitamos que deposite el dinero en el banco y con su nombre para poder ubicarlo posteriormente”.
Y como si el narcotráfico y su dinero no fuera una amenaza para la política y la seguridad nacional, el vicepresidente de la plancha del PAP, contralmirante AP Luis Giampietri Rojas, sostuvo que “no había conversado de ese tema” con el entonces candidato a la jefatura del Estado, Alan García.
Y lejos de considerar que las mafias del tráfico de drogas manejan sofisticados mecanismos de engaño y persuasión, el postulante del Frente Independiente Moralizador-FIM, Fernando Olivera, autodenominado como el paladín de la lucha contra la corrupción y el delito en el Perú, dijo que su trayectoria (ya venida a menos) era suficiente para evitar el atropello del dinero sucio.
Y finalmente, Natale Amprimo, aspirante de la Alianza para el Progreso, dijo tener la certeza de que “el narcotráfico iba a intentar colocar un candidato para la jefatura del Estado o en el Congreso de la República”. Sin embargo, no dio luces sobre cómo evitar ese problema en su propio partido político.
Conclusión: Si los partidos políticos peruanos no son una coladera, se encuentran a tres agujeros de serlo. ¿Alguien repara en el grave riesgo que corre nuestra ya golpeada democracia?
El 3 de enero, 24 horas después de publicado el informe y tras haber leído el editorial que el diario El Comercio le había dedicado a mi trabajo, un conocido narcotraficante llamó a mi teléfono celular para hacerme “reflexionar con algunas sugerencias”.
Me dio la razón sobre la informalidad que cunde en los partidos políticos del país y en sus principales líderes, recordando que hacía varios lustros él mismo le había entregado a un candidato al Parlamento peruano un costal con billetes durante un almuerzo en un restaurante de la Amazonía. Y entre bromas me dijo que si la policía le hubiese hecho una pericia química a ese costal o al dinero, incluyendo las manos del “afortunado” político, con seguridad el resultado hubiera dado positivo para drogas.
Luego de varios minutos de explicaciones que tomé por consejos y de disquisiciones con tono de certezas, me soltó algunas frases que ahora publico por primera vez y que desdibujaron el concepto que tenía de la democracia peruana, por la que creo haber luchado junto con otros pocos periodistas independientes cuando era denostada por el ex jefe de Estado Alberto Fujimori y el jefe de sus servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Primeras ideas, palabras más, palabras menos: “El narcotráfico ya se ha metido en la política peruana y no va a salir así nomás. Podemos llegar de muchas maneras a un candidato de un partido político, podemos infectarlo, comprometerlo y luego utilizarlo para nuestro beneficio. ¡Andan desesperados por plata, quieren y buscan plata y nosotros tenemos esa plata!”.
La antesala al puntillazo: “Por lo que leo en su informe periodístico, usted amigo periodista critica el ingreso del dinero del narcotráfico en las campañas electorales… ¿Piensa que los candidatos de su país son inocentes, ajenos al problema o no saben lo que reciben? ¡Por favor!”.
El puntillazo: “¡Nosotros movemos aquello que ustedes festejan como democracia, compañero! Nuestro dinero moviliza a los candidatos, los hace viajar por el país para que hagan sus mítines y expongan sus ideas. ¡Gracias a nosotros aparecen en anuncios de televisión y en enormes carteles que usted observa cuando va en el taxi! ¡Nosotros somos el motor de la democracia!”.
Mudo y patidifuso porque ese capo confirmaba viejos pero negados rumores, solamente atiné a escuchar y a lamentar.
Recordé que Villa Mercedes, la finca que habitaba el líder y fundador del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue comprada y obsequiada por Carlos Lamberg, el narcotraficante peruano más poderoso de la década de los ochenta.
Y que al ser detenido en Acapulco (México) en 1980, el propio Carlos Lamberg se encontraba mar adentro, capitaneando un lujoso yate, con el secretario personal del propio Haya de la Torre.
Ese capo de las drogas financió la campaña del APRA en el proceso electoral de 1980, siendo candidato Armando Villanueva del Campo, ahora elevado a la condición de líder histórico de la política peruana y cuya caída en ese tiempo dio paso al arrollador liderazgo de uno de sus discípulos, Alan García, hoy presidente del Perú.
El APRA siempre ha negado sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, los indicios aparecen con peso propio.
III A veces no dan ganas de luchar
Perú: País ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, con una de las biodiversidades más grandes del planeta. Tiene un sistema político presidencialista con tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Posee una extensión territorial de 1’285.215 kilómetros cuadrados y casi 28 millones de habitantes, el 90% de ellos católicos. Razas: 82% de indígenas americanos y mestizos, mientras que el 18% son blancos, negros, japoneses, chinos y otros. Esperanza de vida: 70 años. Mortalidad infantil: 38 decesos por cada mil nacimientos. El clima es tropical en la selva, seco en la costa y frío en las zonas andinas. Idiomas: español, el quechua y el aymara.
Amenazas naturales: terremotos, inundaciones, huaycos, derrumbes y actividades volcánicas. Principal problema: la pobreza. Principal enemigo: el narcotráfico. Principal producto de exportación ilegal: cocaína.
De acuerdo con la ONU, el Perú produce actualmente más de 280 toneladas de cocaína que salen rumbo a Estados Unidos, Europa, Asia y África, cuando hace tres o cuatro años se hablaba solamente de 190 toneladas.
De las 280 toneladas que el Perú produce al año, el 95% sale por la nuestras costas, utilizando caletas, muelles intermedios y el propio puerto del Callao, el principal del Perú y uno de los más relevantes de América del Sur.
Los daños al medio ambiente son enormes. Las tierras afectadas en 25 años por el derrame de insumos químicos utilizados para la elaboración de droga superan los 2,3 millones de hectáreas, espacio similar al territorio de Suiza.
En la ciudad fronteriza de Tacna, estratégica para las mafias del narcotráfico que operan en Chile y Argentina, se venden drogas en el 28% de sus centros educativos, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, entidad que se de encarga de monitorear la lucha contra el tráfico y el consumo de estupefacientes en el Perú. Y si bien esa cifra se reduce al 20% cuando se aplica a nivel nacional, no deja de ser preocupante.
¿Por qué el narcotráfico crece en el Perú?
De acuerdo con la UNODD-ONU, el narcotráfico mueve por la venta de estupefacientes en el mundo 322 mil millones de dólares al año, cifra que discurre por el Perú para corromper autoridades del Poder Judicial y de las fuerzas policiales, proteger las rutas de salida y asesinar testigos, periodistas o rivales. No en vano en el territorio peruano se produce la segunda mayor cantidad de hoja de coca y de cocaína en el mundo, apenas por debajo de Colombia.
Si el narcotráfico utiliza 322 mil millones de dólares para sus actividades ilegales, hasta el 2006 el Perú destinaba a la lucha contra esa lacra aproximadamente 140 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos colabora con el 90% de ese total. Esa cifra debe ser estirada milagrosamente para capacitar a los efectivos de la PNP, fomentar los cultivos de productos alternativos en las cuencas cocaleras, diseñar campañas para prevenir el consumo de estupefacientes y obviamente capturar cargamentos de droga.
“No hay igualdad de armas. El narcotráfico, con todo el poder económico que tiene… ¡Estamos completamente indefensos, necesitamos elementos y condiciones de trabajo para poder luchar con éxito!”. Esa desesperanza pertenece a la procuradora para casos de narcotráfico del Ministerio del Interior, Sonia Medina.
Paradójicamente, el apoyo de Estados Unidos para la lucha contra las drogas en el Perú decrece cada año: de 126,5 millones de dólares en el 2003 a solamente 93 millones de dólares en el 2006.
Las cifras tampoco son positivas en el ámbito judicial. La falta de recursos financieros hace que apenas una decena de abogados de la Procuraduría para casos de Narcotráfico del Ministerio del Interior del Perú, deban litigar y manejar, sin guardaespaldas ni chalecos antibalas, cerca de 45 mil procesos judiciales contra mafiosos de alto vuelo.
La inteligencia policial es otro punto débil en la lucha contra el narcotráfico, pues no se cuenta con dinero, tiempo ni preparación.
Cada vez que se decomisa un cargamento de cocaína, chico o grande, siempre aparecen los jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para afirmar que ello ocurrió luego de “largas y pacientes labores de inteligencia”. Tal frase parece aprendida de memoria, pues se repite frecuentemente en cada conferencia de prensa.
Pero nunca se captura a los capos, ni siquiera a sus guardaespaldas. Y si el operativo ha sido contra un laboratorio de drogas, en Lima o en el interior del país, generalmente capturan a los guardianes o vigías de esos lugares, quienes muchas veces caen con sus esposas e hijos.
El trabajo de inteligencia es subrepticio en esencia y sus resultados salen a la luz (operativos e intervenciones) cuando ya no existen cabos sueltos. Si son reales las “largas y pacientes labores de inteligencia” que mencionan los jefes de la policía peruana, es lógico pensar que los cabecillas de las mafias ya se encuentran plenamente identificados al momento de la acción policial. Sin embargo, lamentablemente nunca caen los capos. Entretanto, la droga se sigue produciendo y saliendo del Perú rumbo a otros mercados.
Y así como nunca se captura a los capos, tampoco se decomisan significativas cantidades de droga. El Perú produce 280 toneladas de cocaína al año, pero solamente se decomisa el 8,01% de la cocaína producida, de acuerdo con cálculos de la ONU del 2006.
En el 2005 se elaboraron 260 toneladas de cocaína y en el 2006 la producción llegó a las 280 toneladas de esa ilegal mercadería. Por su parte, la policía peruana señala que en el 2005 se incautaron 17,8 toneladas de estupefacientes, pero metiendo en un mismo saco a la marihuana, las drogas sintéticas, la pasta básica de cocaína y la propia cocaína.
Y siguiendo el mismo patrón de cálculo, policía peruana sostuvo que en el 2006 se decomisaron 14,7 toneladas de droga. Es decir: Marihuana, drogas sintéticas, pasta básica de cocaína y cocaína.
Ello demuestra que sube la producción de cocaína, pero baja el nivel de las incautaciones de ese mismo producto.
¿Son capos del narcotráfico esos ciudadanos harapientos y sin afeitar mostrados ante las cámaras de televisión, luego de ser detenidos con paquetes de droga en un distrito pobre del Perú? ¿Son capos de una mafia internacional aquellos jovenzuelos que han sido capturados trasladando algunos gramos o kilos de PBC en alguna zona cocalera?
En el 2001, como reportero del programa dominical Panorama de Panamericana Televisión, fui enviado a la ciudad de Pucallpa, ubicada en la selva peruana, porque la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú iba a brindarnos como “primicia” la captura de El Loro, sindicado como el “cabecilla” de una enorme mafia internacional del tráfico de drogas.
Como el objetivo era causar impacto en los televidentes, fueron movilizados seis helicópteros de la PNP para acudir a la zona de operaciones de El Loro. Sin embargo, en el lugar solamente se encontraron dos casuchas de paja, hoja de coca amontonada, periódicos viejos y botellas con refresco a medio acabar.
Esos eran los dominios de El Loro, su “poderoso imperio”. Y era capo de una “mafia internacional” porque había confesado a la policía peruana que en ocasiones cruzaba la frontera con Brasil para comprar comida. Su sencilla casa quedaba a un kilómetro del límite con el país de la samba.
El origen del apodo El Loro redondea la informalidad de la policía peruana. En Pucallpa, un efectivo de la PNP sostuvo (basado en informes de inteligencia operativa que blandía entre sus manos) que ese sobrenombre se debía a la asombrosa capacidad del capo para camuflarse entre la selva, habiendo sido indetectable por años para la PNP y la propia DEA, por lo que su captura era una “hazaña”.
Lo cierto es que algunos pobladores nos habían informado que al supuesto capo le decían El Loro desde niño. En uno de los calabozos de la policía peruana en Pucallpa, El Loro corroboró esa versión. Y poniéndose de perfil, herido en su amor propio, sostuvo: “Si no me crees… ¡Mira mi nariz!”.
Lamentablemente, casos como El Loro abundan en los medios de comunicación. ¿Se trata de cortinas de humo para ocultar las fallas en la lucha contra las drogas?
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, en el 2006 se utilizaron 10.000 toneladas de insumos químicos, valorizados en 60 millones de dólares, para producir las 280 toneladas de droga que salen del Perú. Sin insumos químicos, ciertamente, no hay polvo blanco.
Tan serio es el panorama que en septiembre del 2006, durante un seminario organizado por la Business Alliance for Secure Commerce (BASC) en Lima, un agente de la DEA se animó a decir que el 98% de los insumos químicos que ingresan al Perú legalmente y con el visto bueno de las autoridades, luego son derivados al tráfico de drogas. Algo escandaloso.
Hace algunos meses, luego de 20 años de espera, el Congreso de la República del Perú puso en marcha la ley 28305 que combate el tráfico de insumos químicos por medio de una plataforma de lucha conjunta y coordinada en la que participan diversas entidades del Estado peruano, sancionando ese delito con penas de 5 a 10 años de cárcel.
DEVIDA ha señalado que la ley 28305 ha posibilitado incrementar en un 150% el decomiso de insumos químicos con respecto al 2006, año en el que se incautaron 203 toneladas de esas sustancias.
Las mafias del tráfico de drogas fueron cogidas por sorpresa y el golpe se hizo evidente. Lamentablemente, recompuestas del revés y auspiciadas por su inmenso su poder corruptor, las mafias de las drogas ahora operan laboratorios en los que fabrican sus propios insumos químicos, burlando los controles legales y utilizando diversas sustancias agrícolas que no se encuentran fiscalizadas por las autoridades.
Uno de esos laboratorios fue encontrado el pasado 31 de enero en la provincia de La Mar, en Ayacucho. Azorados policías no salían de su asombro frente al ingenio de las mafias. Vaya que el narcotráfico es un enemigo difícil de vencer.
¿Es imposible encontrar el dinero sucio del narcotráfico? Los billetes del tráfico de drogas corrompen, enriquecen y financian campañas políticas, por lo que pocas autoridades se atreven a detectarlos y extraerlos de nuestra economía. Esa soterrada realidad y el escaso entrenamiento de los funcionarios responsables del rastreo de esos fondos, son los mayores impedimentos.
DEVIDA sostiene que entre el 2003 y el 2007 la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú ha detectado operaciones sospechosas por 500 millones de dólares. Rómulo Pizarro, titular de DEVIDA, señala que incluso esa cifra podría triplicarse si se consideran los movimientos financieros que hay “debajo de la mesa”.
En su momento, el entonces jefe de la UIF, Carlos Hamman, había señalado al diario La República que la cifra oscilaba entre los 350 y 400 millones de dólares en ese mismo lapso. Y diversos medios de comunicación del país, citando fuentes oficiales, señalan que al año las mafias del narcotráfico insertan a la economía del Perú la astronómica cantidad de dos mil millones de dólares.
Las cifras cambian dependiendo de la entidad del Estado que las brinde, generando confusión o simplemente revelando que no existe uniformidad de criterios y cálculos, lo que es muy grave.
Los daños ocasionados por el lavado de dinero del narcotráfico parecen ser etéreos o incoloros, pero no lo son. Posiblemente no tengan el impacto de los cargamentos de droga decomisados a las mafias o el dramatismo que significa observar a muchos jóvenes entregados a las drogas, ni el horror de un ajuste de cuentas en un restaurante y a pleno sol.
Los perjuicios se relacionan con el aumento de la pobreza, la inseguridad ciudadana y la ingobernabilidad, casi siempre a mediano y largo plazo.
Hace más de un siglo, la hoja de coca se hizo famosa en el mundo por ser el ingrediente principal de la Coca Cola, pero hoy lo es por otra razón: es el principal insumo natural para la cocaína y se cultiva en muchas zonas del Perú.
De acuerdo con cifras de DEVIDA, en el 2006 se detectaron 51.400 hectáreas de hoja de coca en el Perú, cuando en el 2005 habían 48.200 hectáreas, lo que implica que hubo un crecimiento del 7% aproximadamente.
Las 51.400 hectáreas de hoja de coca producen aproximadamente 114 toneladas métricas de ese elemento, lo que significa que hubo un crecimiento del 8% respecto a las 106 toneladas métricas del 2005. Pero solamente el 8% de esas 114 toneladas métricas va al consumo histórico y tradicional, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. El resto de hoja de coca se lo lleva el narcotráfico.
¿Cómo hacer que la gente pobre de las zonas cocaleras deje de cultivar la hoja de coca, para producir café, cacao y palmito, si el narcotráfico paga mejor? Los esfuerzos de las autoridades peruanas son evidentes y notables, pero insuficientes si se observa la creciente producción de cocaína en el país.
Se calcula que son 130.000 las familias vinculadas con el cultivo de la hoja de coca. Esa actividad les permite alimentarse, vivir y trabajar, siendo su principal elemento de subsistencia.
El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) señala que el 80% de personas que trabajan en los cultivos de hoja de coca del narcotráfico tiene menos de 29 años.
Las mafias de las drogas contratan a todo aquello que pueda ser fuerza de trabajo y ni los niños se salvan, lo que afecta la dinámica familiar, pues el padre deja de tener control sobre sus hijos porque ellos van a las chacras a sembrar y cosechar hoja de coca y a ganar su propio dinero.
Lo que parece ser una película hollywoodense sobre una realidad pensada o idealizada en México o en Colombia, ocurre en nuestro país y a solamente siete horas de Lima, la capital del Perú.
El narcotráfico ha tomado zonas del territorio peruano y en ellas suele aparecer gente hablando con dejo mexicano y colombiano. Abundan las cantinas y la prostitución. La cerveza que se consume no es peruana. La marca Corona, fabricada en México, se vende en muchas tiendas minoristas, sino los ‘cuates’ o los ‘colochos’ se molestan y fuerte. Y se escucha en ciertas radios el corrido “con un balazo en la frente y con las manos atadas” del grupo mexicano Sinaloa 21.
Antonio Lara es psicólogo de CEDRO desde hace 20 años. Señala que en sus numerosos viajes a la selva peruana ha visto pueblos con edificios a medio hacer porque sus dueños se encuentran presos o muertos por causa del tráfico de drogas.
Ha visto a los jóvenes sucumbir ante las gollerías de los narcotraficantes, quienes les entregan ropas de marca y zapatillas para que se sientan poderosos y dueños de una cierta ‘bonanza’ económica, producto de un nuevo status social, pese a que posiblemente no puedan salir de ese lugar porque ya han sido fichados por la policía.
Antonio Lara lamenta que términos como “legalidad” y “bienestar moral” sean conceptos muy abstractos para esa juventud. Ellos dicen: “Aquí yo tengo zapatillas y relojes gracias a la cocaína”. Un poco apesadumbrado, Antonio Lara les responde: “Es verdad, tienes eso y muchas cosas más. Pero en la vida legal nadie te va a meter un balazo”. Balas, incertidumbre y muerte. Esa es la otra cara del Perú que muy poco se conoce.
(*) Periodista de investigación y profesor universitario Periodismo y Democracia 2006
Becario del FOJO-Institute for Further Education of Journalists-Sweden
Escrito por opotesta 
