Breve historia de medio siglo en Chile

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Aunque parezca complicado de creer, Chile tuvo una vida política azarosa en los inicios del siglo XX. Partidos políticos conservadores, movimientos obreros en alza y caudillos militares con distintas posturas ideológicas, intentaron aplicar su propia receta en un país indeciso y por momentos caótico. ¿Se parecía al Perú? Sí. Y en muchas cosas.

Escribe Orazio Potestà

La lectura denominada Breve historia de medio siglo en Chile[1] muestra con intensidad una historia que ciertamente no conocíamos: la de un país inestable y por momentos caótico, preso desde el Palacio de La Moneda de posturas conservadoras, radicales y moderadas, sean de derecha, izquierda, ultraizquierda o demócrata cristianas. Al observar la lista de presidentes habidos entre 1925 y 1970, encontramos que en Chile hubo más de diez mandatarios entre 1931 y 1932, algunos provisionales y otros a través de golpes de Estado[2].

Realidades así eran solamente adjudicadas a Bolivia, cuya sede del gobierno es conocida como Palacio Quemado por la cantidad de levantamientos y derrocamientos que culminaban con la sede del Poder Ejecutivo en llamas. Pero en el altiplano la historia parece haber sido más compleja: los historiadores aún no transan en la cifra de jefes de Estado que ha tenido ese país[3].

El título La lucha por las reformas (1920-1970) aborda los principales procesos políticos habidos en Chile en ese periodo: el ascenso de las capas medias, el militarismo y el civilismo, el Frente Popular y la reacción conservadora.

En los inicios del siglo XX, como en la mayoría de países latinoamericanos, la clase dominante en Chile se nutría de las masas trabajadoras, manteniendo al país en el subdesarrollo. Chile estaba incorporado en el mercado mundial, pero a un costo muy alto: tras la independencia de España en el siglo XIX, Inglaterra dominaba su economía por medio de una forzada coalición con la oligarquía agraria tradicional y la burguesía minera, exportadora y vinculada al espectro bancario.

Esta coalición subsistía mediante una estratégica división de sectores. Londres se apoderó de la industria salitrera, del transporte marítimo y de los ferrocarriles, mientras que la clase dominante se enquistó en los tres poderes del Estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre funcionales al sistema conservador.

Lo interesante es que esa coyuntura descansó sobre un sistema parlamentarista, adoptado desde la guerra civil de 1891 y sin una necesaria reforma constitucional, como consecuencia de los amplios poderes que la Carta Magna le otorgó al Congreso en materia de presupuesto, tributación y control de las Fuerzas Armadas. El parlamentarismo benefició a los grupos de poder, quienes no tenían dificultades en captar y comprar a los representantes.

Con la caída del imperialismo británico en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, el poder capitalista global recayó en Estados Unidos. El nuevo eje trajo consigo cambios profundos en América Latina y particularmente en Chile: Washington aparecía como la única fuerza capaz de aliviar la crisis económica ocasionada por la escasa colocación de materias primas en Europa y la espaciada llegada de productos industriales.

Así, Chile llegó a la mitad del siglo XX sumido en una grave crisis económica: desocupación, bajos ingresos fiscales, deficiente comercio internacional y nula capacidad crediticia. Las autoridades incrementaron la emisión de papel moneda y recurrieron al ahorro estatal recortando el presupuesto público y los salarios de los funcionarios públicos.

Sin embargo, la crisis fue una oportunidad para relanzar la industria, particularmente la de consumo, con el impulso de capitales nacionales y extranjeros. Ello coincidió con la recuperación de la demanda internacional del salitre y del cobre, sin olvidar la agricultura, con la incorporación de enormes extensiones de tierra en el sur. De esa manera, el Estado chileno se reactivó y retomó cierto control en las actividades económicas.

Elgueta y Chelén no pierden de vista los procesos intermedios revolucionarios. Hacen referencia al movimiento social de 1920, surgido como resultado de los cambios económicos de índole global y nacional (la agricultura se tecnificó y creció) que repercutieron en los grupos sociales agrícolas, industriales, comerciales, universitarios, burocráticos y artesanales, representados por el Partido Radical.

En ese marco, el movimiento obrero se hizo sólido y conquistó un lugar significativo en el escenario político chileno. He aquí algo relevante: la sindicalización y las ideas socialistas dieron forma a un movimiento social que buscó cambiar el sistema político con la democratización de las instituciones y con el ascenso de las capas medias a funciones de gobierno, pasando por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

De aquel contexto social surgieron dos vertientes políticas opuestas. La Alianza Liberal, con su candidato reformista Arturo Alessandri, quien compitió electoralmente contra Luis Emilio Recavarren, representante del movimiento obrero. Solamente Alessandri llegaría a la presidencia. Eso ocurrió en 1920.

Si bien desplazó a la oligarquía del poder estatal en beneficio de las clases medias y trabajadoras, Alessandri malgastó el apoyo popular de las masas desposeídas al incorporarse al juego estéril del parlamentarismo. Ejecutó mejoras importantes en lo social y en lo jurídico, pero no consolidó ninguna reforma histórica por la oposición de un Senado copado por la oligarquía.

Por ejemplo, el historiador y profesor Arturo Venegas[4] sostuvo que mineros, agricultores y técnicos de la ‘industria naciente’ trabajaban en condiciones semifeudales en Chile, lo que era escandaloso al cumplirse 100 años de la independencia. Pese a ello, Alessandri no logró mejorar esas condiciones laborales: apenas se aprobó el Código de Trabajo confeccionado en su gestión, fue derrocado en 1924 por una junta militar encabezada por el general del Ejército Luis Altamirano, quien abolió cualquier beneficio laboral.

Lo cierto es que Alessandri, bajo diversas caretas políticas, sería elegido presidente de Chile en otras dos oportunidades: en 1925 y en 1932, gobernando un total de 11 años.

Pero pongamos atención a 1924. La junta militar de Altamirano instauró un estado de sitio e hizo retroceder a los obreros para que los reaccionarios y oligarcas volvieran a copar el poder estatal y financiero.

Alessandri fue restaurado en el cargo en 1925, tras el levantamiento de la ‘juventud militar’ al mando del coronel del Ejército Carlos Ibáñez, quien luego fue ministro del Interior de Alessandri. Así, Ibáñez pasó a representar el modelo de ‘democracia tutelada’ que el sector castrense aplicó en la vida política de Chile.

Alessandri dictó una nueva Constitución que restableció el régimen presidencialista, incrementando las atribuciones del Poder Ejecutivo sobre el Congreso. Además impulsó obras públicas y la puesta en marcha de organismos crediticios orientados a fomentar la industria, sin olvidar la modernización de la educación y de los servicios de salud.

Al cumplir su mandato, Alessandri entregó el mando a Emiliano Figueroa, representante de la antigua clase dirigente que fue obligado a mantener a Ibáñez en el cargo. Frederick Nunn lo explica así: “En el verano de 1925, cuando Emiliano Figueroa juró como presidente de la República, parecía como si un periodo de extrema inestabilidad hubiera llegado a su fin y la normalidad restablecida en la política nacional chilena: después de 15 meses de convulsión Chile tenía jefe de Estado electo”[5].

Pero Figueroa renunció y así la figura de Ibáñez se encumbró, más con su elección como jefe de Estado en 1927.

Las causas de tal coyuntura pueden ser similares en muchos países de Latinoamérica. Encabezados por Ibáñez, los militares consolidaron su poder tras la crisis del parlamentarismo y por la incapacidad de los partidos políticos de plasmar las transformaciones que reclamaba la sociedad chilena. Tal vez lo rescatable sea el continuismo de los militares al aplicar el plan de gobierno de Alessandri, en lo político y en lo económico, consagrando en el poder a las clases medias, pero disciplinando con severidad a las clases obreras.

Lo cierto es que el gobierno de Ibáñez fue un fracaso porque no contuvo el retroceso de la agricultura y porque los capitales norteamericanos siguieron manejando la minería. A lo anterior se suma la no consolidada industrialización y la tenaz persecución contra los sindicatos y los partidos políticos. Elgueta y Chelén sostienen con ironía que tal vez lo único positivo del gobierno ibañista fue reprimir también a la oligarquía.

Los hechos más relevantes del gobierno de Ibáñez fueron los siguientes:

  • Fomentó el desplazamiento del Estado hacia los sectores medios, al vincularlos con el manejo de las instituciones públicas.
  • Utilizó a las Fuerzas Armadas como contrapeso de la reacción oligarca aún presente en el Estado.
  • El imperialismo norteamericano consolidó su dominio sobre el cobre, que desplazó al salitre como el principal producto de exportación.
  • Descuidó el pago de la deuda externa como consecuencia de la reducción del precio del cobre, lo que ocasionó la paralización de créditos internacionales y el despido masivo de trabajadores.

En 1931, en el meollo de la crisis capitalista mundial, Ibáñez fue defenestrado de la presidencia por una movilización estudiantil de alcance nacional que no toleraba la combinación de represión con crisis económica. La presencia norteamericana en la banca chilena agudizó la caída financiera, mientras que el gobierno no tuvo el apoyo de la pequeña y mediana burguesía para mantenerse en pie. Los trabajadores aprovecharon el sacudón político para liberarse de la explotación a través de nuevas formas de lucha.

Fue elegido jefe de Estado el civilista Juan Esteban Montero, quien mostró absoluta incapacidad para aliviar la crisis financiera y el caos social del momento. Represivo contra sus opositores, su inacción política reveló algo que Chile muestra hasta hoy: su carácter monoproductor y dependiente del cobre, amenazado por los vaivenes de los mercados internacionales.

Lo cierto es que el gobierno de Ibáñez había permitido la expansión de la doctrina socialista en círculos obreros e ilustrados del país, originando un movimiento revolucionario que estalló en 1932 con la proclamación de una ‘República Socialista’ en Chile, regentada por el comodoro del Aire Marmaduque Grove.

El nuevo gobierno aplicó las siguientes medidas, la mayoría de ellas contrarias al sistema capitalista:

  • Disolvió el Congreso conformado durante la dictadura de Ibáñez.
  • Otorgó mayores atribuciones al Banco Central para controlar el crédito.
  • Dictó normas jurídicas que facilitaban la afectación de la propiedad minera en manos de capitales extranjeros.
  • Inició la reforma agraria y la nacionalización del salitre, así como una reforma del Estado para volverlo dinámico y generador de desarrollo económico.
  • Controló el comercio interior y exterior, imponiendo impuestos a las grandes fortunas.
  • Fomentó la redistribución del ingreso nacional con un espíritu de justicia social.

Planes demasiado ambiciosos para un gobierno que apenas duró 12 días, pese a contar con el apoyo incondicional de la masa trabajadora. ¿Quién tramó el final de la sorprendente ‘República Socialista’ chilena? Elgueta y Chelén sostienen que “los burgueses, unidos a los consorcios extranjeros, promovieron e inmediato una conspiración dirigida a frustrar el romántico ensayo socialista”.

Un nuevo golpe militar en 1932 desaloja a Grove y coloca a Carlos Dávila como líder de una junta de gobierno que apenas duró tres meses. Los tiempos que siguieron fueron aciagos para Chile por la anarquía política que se respiraba desde Tarapacá hasta Puerto Montt, tan así que la presidencia fue entregada al titular de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel, quien convocó a elecciones.

Alessandri llegó nuevamente al poder e inmediatamente hizo uso reiterado de facultades extraordinarias para reprimir a los grupos de izquierda, quienes para subsistir en la política conformaron el Partido Socialista en 1933.

Alessandri acentuó la intervención del Estado en la economía con la creación de la Comisión de Control de Cambios, orientada a regular la adquisición y venta de divisas, así como las importaciones y remesas para generar ingresos en el erario nacional. Además se puso en marcha la Caja de Amortización de Chile para reiniciar el pago de la deuda externa, interrumpida tras la explosión de la crisis financiera de 1929-1930. Mientras ocurría lo anterior, la industria del salitre llegaba a su declinación definitiva.

Algo similar se vio en la agricultura, cuyo desarrollo llegó a ser menor que el crecimiento de la población por la persistencia del latifundio y a la inmemorial marginación de los campesinos en la economía y en la cultura. También influyó el ausentismo de los propietarios y una errónea política de precios para los productos agropecuarios.

En ese contexto surgió la demanda de una reforma agraria real y efectiva, cosa complicada para un gobierno caracterizado por defender los intereses de la burguesía y de la oligarquía. De ser un reformista, Alessandri se convirtió en el protector de la reacción.

Tanto así que su accionar propició la llegada del comunismo internacional a través del Frente Popular, creado para enfrentar al fascismo en todo el mundo y cuyo candidato Pedro Aguirre Cerda fue elegido presidente en 1938 al derrotar a la derecha. Era inminente la Segunda Guerra Mundial.

Aguirre Cerda tuvo el acierto de fomentar la industrialización chilena, algo que se venía produciendo desde la crisis capitalista de 1929. Con cuadros de izquierda en el aparato estatal, aplicó medidas proteccionistas y créditos externos e internos, además de dotar al país de infraestructura. La mejora de los niveles de vida de los obreros fue también una constante preocupación para su administración, aunque los cambios fueron notorios básicamente a nivel urbano. La agricultura tuvo un alza al generarse relaciones de producción capitalista, en concordancia con el desarrollo industrial. Se construyeron obras de regadío, se tecnificó la crianza de ganado fino y se impulsó la industria azucarera para procesar la remolacha.

Como suele ocurrir en los procesos de industrialización en democracia, la masa obrera aumentó y se fortaleció, junto a las fuerzas sociales organizadas que no tardaron en participar en una nueva etapa de confrontación de clases. La burguesía industrial y comercial se mantuvo al margen de la economía como consecuencia del intervencionismo estatal y de la ejecución de grandes obras financiadas por el tesoro público. Pero en el campo las condiciones no mutaron: la clase poseedora de la tierra mantuvo su poder y evitó que la corriente sindicalizadora llegue a los campesinos.

En todo caso, Elgueta y Chelén sostienen que el gobierno del Frente Popular tuvo un balance negativo. Hubo ciertas conquistas, pero el centralismo desarmó ideológicamente a las masas trabajadoras. Incluso, ambos autores señalan que “no se intentaron siquiera las transformaciones más urgentes en las estructuras socioeconómicas, manteniendo bajo el dominio de los consorcios norteamericanos las riquezas básicas del país e impidiendo toda posibilidad de reforma agraria y de sindicalización campesina”.

Y agregan: “El programa del Frente Popular no fue otra cosa que el programa de la burguesía dependiente. De ahí sus limitaciones”.

Aguirre Cerda muere en 1941 y le sucede en las elecciones de 1942 el abogado Juan Antonio Ríos, representante de la Alianza Democrática, grupo escindido del Frente Popular, quien gobernó hasta 1946. Los autores señalan que el ciclo de los gobiernos radicales, que comprendió 14 años en Chile, se cerró con Gabriel Gonzales Videla, quien gobernó de 1946 a 1952.

Gonzales Videla asumió el poder en la efervescencia de la Guerra Fría y tomó partido por Norteamérica, firmando tratados de apoyo militar como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, roto por Chile en 1982 al apoyar a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas.

Chile experimentó el incremento de la inflación, fenómeno que Gonzales Videla no pudo controlar. Entretanto, la agricultura continuó en alza, pero la crisis mayor se vivió en los sindicatos: en dos décadas solamente se formaron 20 sindicatos con 2.000 miembros en todo el país.

Elgueta y Chelén concluyen que “nunca antes se había aplicado una política tan reaccionaria por un gobierno elegido por la izquierda”. Ciertamente, la llamada Ley Maldita ilegalizó al Partido Comunista y sometió a las organizaciones sindicales al control militar.

La brutalidad de González Videla generó un sentimiento apolítico que fue aprovechado por Carlos Ibáñez, ahora ascendido a general del Ejército chileno, quien había llegado a la jefatura del Estado en la década pasada. Ahora se colocaba la banda presidencial en 1952 con el 47% de los votos.

Aplicó una política populista y se enfocó en la reorganización del Estado, por lo que solicitó al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia económica y administrativa, creando entidades públicas como el Banco Central, la Corporación de la Vivienda, el Instituto Central de Comercio y otros. Crecieron los beneficios sociales a los trabajadores, se aplicó una política de indemnizaciones por años de servicio y se instaló el salario obrero agrícola reajustable cada año.

La economía redujo su crecimiento y la demanda del cobre decreció por la Guerra de Corea, en el marco de una inflación que llegó a topes desconocidos hasta ese entonces. La acumulación de cobre y de otros minerales en los puertos chilenos trajo consigo una crisis financiera y de flujo de capital de grandes proporciones que obligó al Estado a reducir las tributaciones mineras, lo que favoreció básicamente a las empresas estadounidenses. Esto ocurrió en 1955.

Beneficios similares recibieron las empresas salitreras, en manos de capitales norteamericanos y británicos, en lo que podría denominarse un “espíritu de concesiones al capital extranjero”.

Tal vez lo positivo de su gobierno fue la fortaleza y la unión mostrada por la clase trabajadora, así como la derogación de la norma que proscribió al Partido Comunista. Sin embargo, el gobierno de Ibáñez se perdió en un críptico y contradictorio rumbo, sin poder proyectarse al futuro y sin colocar a las masas en reales posiciones de poder. Su mandato culminó en 1958

Ese año hubo cinco candidaturas a la presidencia chilena, pero fueron los conservadores quienes llegaron a La Moneda de la mano de Jorge Alessandri, hijo del ex presidente Arturo Alessandri. Nuevamente, Chile recayó en una política contraria a los intereses de las clases populares para costear la capitalización burguesa. Es decir, se congelaron los salarios y se atrajo a los capitales externos, reduciendo así el mercado interno.

El gobierno apuntó al siguiente norte: las inversiones extranjeras y la libre empresa serían las bases del progreso económico del país.

Si el gobierno de Gonzales Videla fue cercano al eje norteamericano, el de Alessandri fue totalmente sumiso al romper relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Y para mantener tales políticas regresivas, apeló a la fuerza militar. Así fueron abatidos en 1962 seis trabajadores del poblado santiaguino de José María Caro.

Bajo ese contexto, la esperada reforma agraria chilena fue en realidad una ‘reforma de macetero’ por los precarios objetivos que perseguía: la parcelación de los latifundios era voluntaria y solamente expropiaba los predios abandonados o en ruina.

En suma, el historiador Ricardo Donoso sostiene que el gobierno de Alessandri evidenció “las fallas del régimen político predominante: el absorbente predominio del Ejecutivo, la nulidad del Congreso, la omnipotencia del poder económico y la impotencia de la opinión pública”. Y añade: “El régimen político, sin ningún respaldo popular, aparece como el botín de una minoría plutocrática que cuenta con el apoyo decidido de las clases poseedoras”.

Entretanto, Elgueta y Chelén sostienen que Alessandri “encarnó los intereses de la gran burguesía industrial, comercial y bancaria asociada a los sectores terratenientes”.

El fracaso de Alessandri complicó la sobrevivencia del Frente Democrático, plataforma política que lo llevó al poder y que lo blindó en su gestión, cuyos integrantes se vieron forzados a apoyar al candidato demócrata cristiano Eduardo Frei en los comicios de 1964.

Con el apoyo estadounidense y de la Iglesia católica, Frei anunció una ‘revolución en libertad’ impulsada por la Democracia Cristiana, con el objetivo de detener el socialismo. En efecto, su administración fue la careta que el capitalismo imperialista utilizó para llegar al poder en Chile y desplazarse hacia las industrias manufactureras para captar mayores beneficios económicos.

Mediante una delegación de facultades del Congreso, Frei dispuso la formación de sociedades mixtas entre el Estado y las empresas norteamericanas que explotaban el cobre, pagando cuantiosas y no sustentadas indemnizaciones.

Frei impulsó una nueva fórmula de reforma agraria: una parte de la expropiación se iba a pagar al contado y el saldo en 30 años, asignando la tierra en forma transitoria a los campesinos a través de cooperativas que fortalecieron la sindicalización en el campo. De acuerdo con Elgueta y Chelén, la oligarquía terrateniente “resistió tenazmente el proceso de cambio en el campo”.

Sea con la inversión directa del Estado o la asociación estatal con empresas extranjeras, la industria manufacturera chilena se desarrolló en los rubros de petroquímica, papel, electrónica, maderas, metal mecánica, agroindustria y telecomunicaciones.

Se desataron fuerzas sociales urbanas y campesinas que la Democracia Cristiana intentó controlar para insertarlas a su plan de gobierno, pero sin éxito.

Lo que sí se conformó en Chile, por medio de luchas sociales y movilizaciones de masas, fue un clima prerrevolucionario que estallaría en 1970 con la elección de Salvador Allende. En el subsuelo de la sociedad mapochina existía una profunda ruptura de clases, marcada por las demandas obreras y campesinas en contra del abuso de los ricos. Se produjeron tomas de fábricas, desplazamientos campesinos a las urbes y tomas de tierras por parte de los trabajadores ‘sin casa’. También se levantaron centenares de estudiantes universitarios en apoyo a la masa trabajadora, pero solicitando también una reforma integral de la educación superior.

Junto a una huelga de magistrados de los tribunales de justicia que demandaban la mejora de sus salarios, el general del Ejército Roberto Viaux se acuarteló en Tacna en franco rechazo al gobierno de Frei.

Chile quemaba y estaba a pocos meses de una crisis mayor.

Comentarios: 

Los haré en primera persona:

  • Como lo señalé al principio, el texto muestra que Chile vivió procesos políticos y sociales complejos, con cambios frecuentes de gobierno y de políticas económicas, pasando por presidencias conservadoras, socialistas, moderadas, sumisas a los Estados Unidos y hasta con tutelaje militar. Veamos lo que dice Enrique Brahm: “La democracia tradicional parecía muy débil para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad chilena en la primera década del siglo XX. Tanto la democracia parlamentaria tradicional como el liberalismo económico parecían superados. De ahí que se postulara la necesidad de dar forma a un gobierno autoritario en lo político e intervencionista en lo económico. Si la izquierda había tomado un desarrollo tan peligroso, la razón habría que buscarla en los problemas económicos y sociales, consecuencia del proceso de industrialización tardía”[6].
  • Algo muy interesante fue que la masa trabajadora nunca bajó los brazos, ni siquiera en regímenes autoritarios como el de Gonzales Videla, en el que se aprobó la Ley Maldita que persiguió al Partido Comunista y a los sindicatos. Ciertamente, el movimiento obrero había empezado a configurarse desde los inicios del siglo XX, alcanzando su madurez entre las décadas de 1930 y 1950, para luego explotar en 1970 con la elección de Salvador Allende. Aquí debo señalar que las fuerzas sociales chilenas, según las ideas de Elgueta y Chelén, fueron más intensas y masivas que las habidas en el Perú. Para 1970, en Chile había un clima prerrevolucionario. De acuerdo con Henry Pease, el golpe de Juan Velasco Alvarado (1968) se ejecutó con la ausencia de “un cuadro de crisis revolucionaria”. Pease afirma que “la ilegitimidad del poder no tuvo como correlato la organización masiva de los dominados para hacerle frente”[7].
  • Tal vez uno de los presidentes que más expectativas motivó fue Arturo Alessandri. René Millar y Joaquín Fernández sostienen que Alessandri “fue uno de los dirigentes que mejor captó los cambios que estaba experimentando la sociedad y se comprometió a impulsar un proceso de transformaciones que reconociera el aporte al país de algunos sectores”[8]. Sin embargo, Elgueta y Chelén sostienen que Alessandri claudicó al hacerle el juego a un parlamento comprado y dominado por los oligarcas, dejando atrás (y para siempre) las banderas reformistas.
  • La presencia de la oligarquía en el Estado chileno tuvo paralelismos con la que existió en el Perú a lo largo del siglo XX. Con su poder desde la banca, la posesión de la tierra y las actividades productivas y exportadoras, le cerró las puertas a grandes sectores poblaciones que buscaban representación y poder en las instituciones estatales. En tanto, Pease sostiene que la oligarquía peruana estableció una hegemonía agroexportadora que no mejoraba condiciones de vida en el campo y que se beneficiaba con la ausencia del Estado. Al igual que en Chile, controlaba el parlamento y se oponía a mejoras salariales y de salud para los sectores medios, imponiéndose a través de dictaduras militares como ocurrió en 1930. Para 1950 y 1960, la oligarquía peruana “afrontó embates que cuestionan no solamente su legitimidad, sino su estabilidad como sistema expresado en el Estado”[9]. A finales de la década de 1960, las condiciones políticas y sociales eran críticas y la reforma agraria se hizo ineludible.
  • La presencia de caudillos fue algo común entre Chile y Perú. Por ejemplo, Carlos Ibáñez en el sur y Sánchez Cerro aquí, con perfiles de gobierno que llegaron al híperpresidencialismo o al mesianismo presidencial[10]. Sobre Ibáñez, aquí una opinión de Gonzalo Vial: “Su gobierno cabe calificarlo como una semidictadura. El propio mandatario había dicho públicamente que consideraba las leyes solo como punto de referencia, y que las conculcaría si lo estimaba necesario para ‘salvar a la República’ del caos”.
  • Para mí, otro aspecto resaltante es la dependencia del cobre como factor desencadenante de crisis económicas (por la variabilidad de la demanda y de su precio en los mercados internacionales) que luego abrieron paso a coyunturas políticas inestables y hasta golpistas. De igual modo, los intentos para diversificar la industria con medidas proteccionistas y mayor infraestructura no cumplieron sus objetivos. Pese a los avances, ambos problemas se mantienen hasta hoy. De acuerdo con José Natanson, el 80% del impulso exportador chileno se basa en productos primarios, en el que el cobre representa el 40%. Ello dificulta el crecimiento de diversas franjas sociales y refleja que su economía yace expuesta a los vaivenes internacionales[11]. Ahora bien, en los siglos XIX y XX, tanto en Chile como en el Perú, los recursos naturales (cobre y salitre) fueron manejados por capitales ingleses y norteamericanos, bajo condiciones abusivas que se traducían en fantasmales ingresos al erario nacional.
  • La Fuerza Armada fue un actor preponderante en Chile durante el siglo XX. Estuvo cerca de los gobiernos de Ibáñez y Gonzales Videla. En el Perú, los militares apoyaron a Sánchez Cerro, Óscar Benavides y Manuel Odría, entre otros.
  • Parte de las azarosas coyunturas políticas y sociales de Chile tuvieron origen en los divergentes planes de gobierno que se aplicaron desde La Moneda. Los sureños pasaron del intervencionismo estatal de Arturo Alessandri (1932) a la apertura económica de Gonzales Videla (1946) y de Jorge Alessandri en 1958, sin olvidar la romántica ‘República Socialista’ de Marmaduque Grove que se mantuvo apenas 12 días en el poder.
  • Finalmente, he entendido de la lectura de Elgueta y Chelén que los procesos políticos y sociales conducen a un presente que debe retroceder al pasado para focalizar lo eficaz. Ello para que los gobernantes pongan en marcha políticas públicas que resuelvan las carencias que afectan a la población. Los procesos políticos son una realidad en continuo devenir: no se interrumpen jamás.

Referencias bibliográficas:

[1] Escrita por BELARMINO ELGUETA y ALEJANDRO CHELÉN, en el libro América Latina: la historia de medio siglo. Compilador: Pablo González Casanova.

[2] Datos obtenidos del cruce de información de bases de datos de Internet. Por ejemplo: http://www.icronox.com/presidentes-de-chile/

[3] SIVAK, MARTÍN. Jefazo: retrato íntimo de Evo Morales. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2008.

[4] En el libro Sinceridad: Chile íntimo en 1910. Es una de los principales estudios sobre la llamada Crisis del Centenario.

[5] CAMINO A LA MONEDA: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA HISTORIA DE CHILE. Compiladores: Alejandro San Francisco y Ángel Soto. Santiago de Chile, 2005.

[6] CAMINO A LA MONEDA: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA HISTORIA DE CHILE. Compiladores: Alejandro San Francisco y Ángel Soto. Santiago de Chile, 2005.

[7] PEASE GARCÍA, HENRY. El ocaso del poder oligárquico. La lucha política en la escena oficial 1968-1975. Lima: Desco, 1980.

[8] CAMINO A LA MONEDA: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA HISTORIA DE CHILE. Compiladores: Alejandro San Francisco y Ángel Soto. Santiago de Chile, 2005.

[9] PEASE GARCÍA, HENRY. El ocaso del poder oligárquico. La lucha política en la escena oficial 1968-1975. Lima: Desco, 1980.

[10] LYNCH, NICOLÁS. Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes en el Perú: 1980-1992. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 1999.

[11] NATANSON, JOSÉ. La Nueva Izquierda: Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Buenos Aires: Debate, 2008.

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