El reformismo militar en Ecuador y Perú

4756_GAL_06-05-13-cables-wikilkeas2_facb04b979da54f4266773889cc0b852

Durante el siglo XX aparecieron diversos procesos reformistas en América Latina, centrados en la reforma agraria. Algunos avanzaron en sus transformaciones, otros fracasaron estrepitosamente, reforzando el conservadurismo y el consiguiente empobrecimiento. El Perú y Ecuador no escaparon al fenómeno.

Escribe Orazio Potestá

La lectura de Waldo Ansaldi[1] y de Verónica Giordano[2] se enfoca en la caída de las oligarquías[3] de Perú y de Ecuador, ocurrida en las décadas del sesenta y del setenta, en manos de un cuerpo militar que cogió los estandartes reformistas ante la ineficacia de los civiles para ejecutar cambios profundos que mitiguen las desigualdades en la propiedad de la tierra, lo que generaba convulsiones y asonadas encabezadas por el campesinado.

Si distinciones geográficas, las oligarquías en América Latina durante los siglos 19 y 20 han generado poderes paralelos a los Estados, reduciendo significativamente la penetración de los poderes públicos a nivel local y regional, mermando además la consolidación de una idea de nación. Los terratenientes y gamonales contaban con ejércitos propios que recurrían a la violencia para evitar la aplicación de normativas del gobierno central, así como las ejecución de obras que buscaban integrar territorios y pueblos[4].

En Lima y en Quito, dos generales encabezaron las reformas: Juan Velasco Alvarado y Guillermo Rodríguez Lara, respectivamente. Velasco Alvarado llegó al poder en 1968 a través de un golpe de Estado contra Fernando Belaunde, mientras que Rodríguez Lara hizo lo propio al derrocar a José María Velasco Ibarra en 1964.

Oligarquía y reformismo en el Perú

Sinesio López sostiene que la oligarquía peruana fue la última en aparecer en la región. Formada a fines del siglo 19, tuvo en los gobiernos de Nicolás de Piérola (1879-1881 y 1895-1899) el impulso político y legal para encumbrarse y consolidarse.

Compuesta por 25 familias de origen limeño, la oligarquía tuvo una marcada influencia europea que se reflejó en su trato, en su educación y en la formación cerrada de sus élites. Teniendo como actores sociales y económicos a los terratenientes y a los gamonales, los oligarcas centralizaron sus acciones en el Club Nacional de Lima, en la costa norte (azúcar y caña) y en la sierra sur (lana y derivados) del país.

Ciertamente, el principal actor político de la oligarquía fue el Partido Civil, conservador e ilustrado, fundado en 1871 por Manuel Pardo y Lavalle[5]. Entre 1903 y 1962, se instalaron en Palacio de Gobierno seis presidentes que representaron o que se formaron en el civilismo: Manuel Candamo, Serapio Calderón, Augusto B. Leguía, José Pardo Barreda, Manuel Prado Ugarteche y Guillermo Billinghurst, lo que permitió a los oligarcas mantener sus privilegios de clase dominante.

En el Perú, la oligarquía empezó a debilitarse en los años treinta del siglo pasado, luego de los reveses políticos y económicos propinados por Augusto B. Leguía[6], quien arrinconó y disolvió al Partido Civil pese a haberlo utilizado como plataforma a la presidencia. Por esa razón, hasta 1968, los oligarcas ejercieron un poder indirecto financiando a militares golpistas y a caudillos civiles dispuestos a mantener la superestructura que les beneficiaba. Conservaban su riqueza y sus influencias en el aparato estatal, pero gobernaban “desde el balcón”[7].

El Perú llegó y atravesó la década del sesenta rodeado de convulsiones y alarmas de crisis políticas. En las elecciones de 1962, compitieron por la presidencia Víctor Raúl Haya de la Torre del APRA, Fernando Belaunde de Acción Popular y el ex dictador Manuel A. Odría, resultando ganador el representante aprista “en medio de denuncias de fraude”. Antes de que el Congreso eligiera al jefe de Estado, una junta militar tomó el poder y convocó a nuevas elecciones un año después, previa reforma de la legislación electoral y tras haber depurado el padrón de votantes, siendo elegido Belaunde.

Para Ansaldi y Giordano, otro hecho relevante de la época (y cuyas consecuencias serían palpables en 1968) fue “la agitación campesina en el valle de La Convención, cerca del Cusco, que permitió a los militares tomar conciencia de los problemas agrarios y las penurias de la población”. Ambos autores agregan que “se hizo visible el significado de la persistencia del sistema de haciendas con sus relaciones semiserviles”.

Ese fue el caldo de cultivo para la aparición de las guerrillas del trotskista Hugo Blanco y del castrista Luis de la Puente Uceda, cabecilla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Si bien generaron popularidad y cierta preocupación en las fuerzas militares y policiales, ninguno de los dos grupos llegó lejos en sus propósitos revolucionarios.

Belaunde era líder de un partido político con un plan de gobierno reformista burgués, con ideas nacionalistas y desarrollistas, que ponía “especial atención a las cuestiones agrarias y petroleras, a la modernización del sistema financiero y al activo papel del Estado en la promoción del desarrollo”.

Sin embargo, Belaunde decepcionó. El científico político norteamericano Barrington Moore[8] sostuvo que una democracia sólida y duradera (en cualquier país) se construye sobre la solución del problema de la distribución de la tierra. Eso le faltaba al Perú.

La ley de reforma agraria fue aprobada en 1964 con tantos cambios que en nada representaba el ímpetu reformista de Acción Popular. ¿La causa? La presencia de una numerosa bancada oligarca en el Senado, como herencia de un pasado que no se iba. Con artificios y vacíos legales, esa norma no afectaba “las grandes propiedades de la costa, azucareras en su mayoría”.

Pero había otro factor desestabilizador: Estados Unidos. El presidente Lyndon B. Johnson, sucesor del asesinado John F. Kennedy, había adormecido los beneficios de la Alianza para el Progreso por la amenaza belaundista de nacionalizar el petróleo.

En 1968, según palabras de Henry Pease, el Perú atravesaba una crisis de “vacancia hegemónica” por diversas razones: el poder aún vigente de la oligarquía, el ambiguo apoyo de la burguesía democrática frente al gobierno, la ebullición de las movilizaciones campesinas, las guerrillas de 1965 y el movimiento obrero.

La solución fue el llamado Gabinete Conversado, encabezado por Manuel Ulloa, resultado de un pacto tácito entre Acción Popular y el APRA. La carta bajo la manga de Ulloa era una inyección de capitales extranjeros para favorecer a los sectores modernos de la burguesía, lo que nunca se concretó.

Frustrado por los cambios que nunca llegaron, Belaunde se enfocó en la ejecución de obras de infraestructura y de vivienda, perdiendo de vista a un actor decisivo en el Perú republicano: las Fuerzas Armadas, cuya oficialidad venía asimilando en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) las ideas de la CEPAL sobre la dependencia y el subdesarrollo, así como las doctrinas del nacionalismo, del reformismo y de la lucha contra la pobreza[9].

Para Ansaldi y Giordano, los “nuevos militares” peruanos se autoconsideraban “combatientes contra el subdesarrollo” al lado del pueblo, considerando a la seguridad nacional “en términos no solamente militares, sino también económicos y sociales”. Añaden que la relación entre el desarrollo y la defensa nacional también puede encontrarse en el régimen castrense brasileño que Humberto Castelo Branco inició en 1964.

Todo lo anterior podría explicar el golpe de Estado de 1968 en el Perú, con el Ejército en posición de liderazgo. El llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada tuvo particularidades ideológicas que lo diferenciaron de los procesos de Brasil y Argentina (1966). En Brasilia y Buenos Aires se instalaron un modelos proimperialistas, mientras que Velasco Alvarado (1968-1975) puso en marcha un régimen antioligárquico, reformista, nacionalista y sobre todo antiimperialista que buscaba “transformar las estructuras sociales, económicas y culturales” y poner fin “al abandono de las fuentes naturales de riqueza”.

Ansaldi y Giordano señalan: “Su propuesta (la de Velasco Alvarado) era desarrollar un proyecto nacional propio, alternativo al capitalismo y al comunismo. El modelo final debía ser una economía autogestora, con democracia social de participación plena y una moral solidaria”.

Sobre la reforma agraria del velascato habría que señalar lo siguiente:

  • Se centró en los modernos campos agrícolas de la costa norte y no en la sierra sur, como quiso hacer Belaunde.
  • En la costa, el mínimo inafectable en tierras bajo riego fue de 150 hectáreas, mientras que los pastos irrigados no debían superar las 1.500 hectáreas. En la sierra y en la ceja de selva, el mínimo inafectable oscilaba entre las 15 y 55 hectáreas, dependiendo de las provincias. Entretanto, las extensiones de pastos quedaban inafectadas si no eran capaces de mantener hasta 5.000 ovejas.
  • La reforma agraria se ejecutó cuando el movimiento campesino se encontraba debilitado y en una etapa de “reflujo del conflicto”.
  • Además, buscó liquidar a la oligarquía al arrebatarle su base material: la propiedad de la tierra.
  • La selva quedó excluida de la reforma agraria hasta 1974, cuando se aprobó una ley específica que valoraba la multiplicidad de demandas y necesidades de las comunidades nativas.
  • Además de liquidar a la oligarquía, la reforma agraria hizo que el velasquismo rompiera (entre 1972 y 1974) con la burguesía y fomente el nacimiento de la “movilización campesina controlada”.
  • En lo económico, la reforma agraria fue la opción del velasquismo hacia el capitalismo de Estado, mientras que el corporativismo lo fue en lo político.

En las comunidades andinas, el gobierno militar buscó cooperativizar la propiedad de la tierra y modificar las instituciones de gobierno local, lo que fue rechazado por el campesinado debido a que alteraba “los criterios tradicionales de reconocimiento de la condición de comunero” y “el derecho de uso de tierra comunal”.

Es decir, tan igual como ocurrió hace poco en Bagua[10] y en Conga[11], el gobierno militar no tuvo en cuenta la opinión de la población ni las concepciones culturales de cada zona. Tal como afirman Ansaldi y Giordano, las comunidades indígenas “fueron, en su mayoría, excluidas de la reforma agraria”.

Si bien la reforma agraria de Velasco Alvarado tuvo un fin altruista al buscar la integración de los campesinos a la nación y la consolidación de la precaria identidad nacional, para Heraclio Bonilla la redistribución de las tierras “no se tradujo en la supresión de las relaciones de opresión: los terratenientes fueron reemplazados por una reciente élite de comerciantes coludida con jueces y policías en una nueva extorsión a los campesinos, sobre todo mediante la venta de ganado robado a estos”.

El sociólogo Nelson Manrique tiene una explicación, en palabras de Ansaldi y Giordano: “Al no afectar al capital comercial, la reforma agraria permitió la continuidad del gamonalismo, la clásica forma de dominación oligárquica”.

Pero además hubo triquiñuelas legales. Un acápite de la ley de reforma agraria permitía realizar parcelaciones por iniciativa privada, lo que ocasionó que centenares de hacendados dividieran sus tierras entre sus familiares y testaferros para evitar la afectación, pero manteniendo el “control del conjunto económico”. Ese dispositivo legal fue anulado en 1969, pero no impuso efectos retroactivos.

Es probable que Velasco Alvarado haya fallado al calcular la fuerza de la reacción oligarca, presente no solamente en la agricultura, sino también en la banca, en la industria y especialmente en los medios de comunicación. Los diarios El Comercio y Expreso, hasta antes de ser expropiados en 1974, fueron tenaces desinformadores de los alcances y perspectivas de la reforma agraria y de su régimen.

Velasco Alvarado fue debilitado por sus objetivos ideológicamente confusos y una enfermedad que le costó la amputación de una pierna. El 29 de agosto de 1975 fue derrocado por el general Francisco Morales Bermúdez, quien frenó e inició el “desmantelamiento” del proceso reformista, pese a haber señalado en su primer discurso presidencial que ejecutaría la “segunda fase” del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

Ansaldi y Giordano citan una acertada pregunta del analista político Francisco Guerra García, aunque de respuesta compleja: “La revolución peruana, ¿se truncó o se agotó?”.

Lo cierto es que la llegada de Belaunde en 1980 agudizó el final del reformismo, sea civil o castrense.

Los autores señalan que “el reformismo militar peruano no postulaba construir el socialismo, sino terminar con la dominación oligarca y desarrollar una democracia con una base participativa amplia, aunque controlada por el Estado”.

Y que la revolución peruana “fue un proceso autoritario de incorporación desde arriba de las clases sociales populares urbanas y rurales en pos del objetivo del desarrollo del país”. Ciertamente, nunca hubo una movilización espontánea de las masas, menos aún si eran indígenas. Lo que hubo fueron manifestaciones controladas por el gobierno militar.

En todo caso, fue curioso que Velasco Alvarado señalara que su gobierno aplicaba un “socialismo revolucionario” en América Latina, mientras que Fidel Castro lo calificara como una “revolución nacionalista”.

De la banana al petróleo en Ecuador

En Ecuador, la crisis de la oligarquía se acentuó con la Revolución Juliana de 1925, que inició una época inestable caracterizada por el desfile en la década del treinta de 17 presidentes por el Palacio de Carondelet, prendiendo además la mecha de una guerra civil.

La crisis política coincidió con las deficiencias de la economía, expuestas con el agotamiento del modelo agroexportador edificado sobre la exportación de solamente un producto: el cacao, cuya demanda empezó a reducirse en el ámbito internacional.

Las estrecheces financieras se resolvieron a fines de la década del cuarenta, con la venta mundial del banano, lo que amplió la frontera agrícola, recuperó el comercio internacional ecuatoriano y fomentó el auge de sectores sociales ligados con ese producto.

Pero, como puede notarse, Ecuador seguía siendo un país monoproductor, con una economía amenazada por los vaivenes financieros mundiales.

Sin embargo, los beneficiados fueron los sectores burgueses y latifundistas, quienes formaron una alianza rentista y comercial, pero que curiosamente trajo una relativa calma política en Ecuador entre 1948 y 1960, durante los mandatos del terrateniente Galo Plaza, de José María Velasco Ibarra y de Camilo Ponce.

Al igual que con el cacao, el comercio del banano llegó a su fin, causando nuevamente una crisis política que (paradójicamente) abrió paso a un proceso reformista y modernizador que produjo cambios estructurales en la sociedad. El nuevo motor era ahora el petróleo, recurso que consolidaría una nueva forma de dominación.

Los terratenientes de la sierra ecuatoriana, paralelamente, se abocaron a la modernización de las viejas y abusivas haciendas, en las que existían aún una multiplicidad de trabajo campesino no capitalista.

Ansaldi y Giordano sostienen que esa decisión no respondió a un llamado humanitario, sino a una necesidad racional y económica para la inyección de tecnología, con la consiguiente reducción de la fuerza de trabajo en los sectores pecuarios y lecheros.

La modernización de las haciendas se consolidó con la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, promulgada por una junta militar pronorteamericana (e intensamente anticomunista) que había derrocado el año anterior al presidente Carlos Julio Arosemena.

Juan Paz y Miño Cepeda, citados por Ansaldi y Giordano, señalan que la reforma agraria ecuatoriana tuvo dos objetivos claros: “Terminar con las ‘formas precarias’ de trabajo campesino, particularmente el huasipungo[12], así como reestructurar la propiedad de la tierra con el fin de reducir la existencia del latifundio”. Sin embargo, la redistribución de la tierra fue tildada de “comunista” y ciertamente boicoteada por los terratenientes.

Para 1970, el petróleo era el nuevo eje económico de Ecuador, trayendo consigo cambios políticos internos y externos. Al ser aceptado en la OPEP[13] en 1973, Ecuador redefinió su peso estratégico internacional, si bien su diplomacia no estaba preparada para ese nuevo reto.

Entre 1972 llegó al poder el general Guillermo Rodríguez Lara, quien instaló un Gobierno Nacionalista y Revolucionario de tinte reformista y autónomo, similar al que Velasco Alvarado aplicaba en el Perú. La experiencia de Rodríguez Lara duró solamente hasta 1976, pero ejecutó cambios relevantes en la estructura social ecuatoriana, generando además un fuerte nacionalismo en torno a la política petrolera.

Las ganancias del petróleo permitieron que el reformismo de Rodríguez Lara impulse una industrialización con sustitución de importaciones que fue la prioridad de su mandato. Sin embargo, ese afán colisionó con la mentalidad patrimonialista de una burguesía ligada a los enormes beneficios del petróleo, lo que retrasó la instalación de una industria nacional.

Un dato que revela el impacto del petróleo en Ecuador, entre 1972 y 1974: Paz y Cepeda, referidos por Ansaldi y Giordano, señalan que “en apenas dos años, los ingresos petroleros equivalieron a las exportaciones nacionales de toda su historia anterior”.

Aquí algo que publicó el diario El País de España, respecto a esa época: “Hasta el descubrimiento del ‘oro negro’ en su territorio durante la década de 1970, Ecuador vivía de exportar productos agropecuarios desde que se independizó de España en 1830”[14].

Y agrega: “El primer barril de petróleo amazónico fue paseado triunfalmente, en marzo de 1972, por las calles de Quito, poco después del último golpe militar que derrocó al presidente José María Velasco Ibarra y colocó en la presidencia al general Guillermo Rodríguez Lara. Un año más tarde ingresó en la OPEP y en 1979 el ecuatoriano René Ortiz Durán fue elegido secretario general de la organización”[15].

Debido a las huelgas por aumentos salariales y a las presiones de ciertos grupos económicos afectados por su reformismo, así como por el interés de sectores militares por controlar el petróleo, Rodríguez Lara fue derrocado por un grupo conservador de las Fuerzas Armadas que instaló un Consejo Supremo de Gobierno de Ecuador[16], cuyos miembros frenaron los cambios sociales y políticos que se venían ejecutando con el uso de acciones represivas. Un ejemplo de ello fue la masacre en el ingenio azucarero de Aztra[17] en 1977.

Comentarios

  • Del estudio de Ansaldi y Giordano se resalta la coincidencia cronológica de los procesos de reformismo militar en Perú y Ecuador, encabezados por Juan Velasco Alvarado y Guillermo Rodríguez Lara, respectivamente. Una de las razones podría ser el surgimiento tardío de las oligarquías en ambos países, así como el daño en el tejido social que sus actores producían en un contexto de ideologías políticas favorables a la mejora de la condición obrera y campesina.
  • Llama también la atención que ambos hayan sido derrocados por sectores sociales y militares muy similares: conservadores, impulsores de la apertura económica y ligados a sectores dominantes, si bien en Ecuador hubo un factor que no tuvo el Perú: el petróleo y la codicia que despertó entre sus políticos y militares.
  • En Perú y Ecuador, las oligarquías construyeron un sistema de dominación excluyente que le negó a las grandes mayorías la posibilidad de participar en el proceso de deliberación política, económica y social, apostando por modelos económicos “hacia afuera” que privilegiaron la exportación de materias primas y de alimentos al mercado exterior. Ello generó enormes brechas económicas entre los sectores vinculados al mercado exterior (cercanos a la tecnología) y los sectores de producción local que utilizaban métodos básicamente artesanales[18].
  • En Perú y Ecuador, en el marco sociedades altamente jerarquizadas y con criterios de servidumbre y sumisión, la oligarquía puso en marcha Estados patrimonialistas al servicio de sus intereses (acumulación de capital) y no en las demandas de los sectores populares. Además, la oligarquía reforzó su poder vinculándose con dos sectores claves: la burocracia estatal y las Fuerzas Armadas[19].
  • En Ecuador, la desarticulación de las haciendas y del sistema semiservil y no capitalista instalado en ellas fue impulsada por los propios terratenientes, quienes buscaban insertar tecnología para mejorar la productividad. Ese fenómeno encontró algunas coincidencias económicas con la reforma agraria de Rodríguez Lara. Por el contrario, en el Perú, las haciendas fueron duros bastiones de oposición contra la reforma agraria, proceso que prácticamente se convirtió en una lucha solitaria del velascato, régimen que fue más radical que el ecuatoriano en términos de redistribución de la tierra.
  • Ambos procesos reformistas encabezados por militares peruanos y ecuatorianos buscaron industrializar sus países, objetivo estratégico que fue truncado por la conducta rentista de la clase empresarial, causante de que la modernización capitalista sea débil y tardía.
  • Finalmente es necesaria una pregunta: ¿Ha cambiado la clase empresarial peruana? ¿Ha dejado de ser rentista, acumulativa y patrimonialista? Pareciera que no.

Referencias bibliográficas:

[1] Waldo Ansaldi nació en Argentina en 1943. Es Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y desde 1989 es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su campo de trabajo es la sociología histórica de América Latina.

[2] Verónica Giordano es Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre los procesos históricos en América Latina.

[3] Sinesio López define a la oligarquía como “una forma política e institucionalizada más o menos centralizada que se apoderó del Estado en países periféricos, en la fase capitalista de exportación de materias primas y de alimentos”. Cuando ello ocurrió, según López, la oligarquía “era dominada por las élites señoriales”. Apuntes personales del curso de Teoría del Estado (ciclo 2012-I) de la maestría en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP. Más información en: <http://agoraabierta.blogspot.com/2013/11/la-oligarquia-en-el-peru-y-america.html&gt;

[4] Conceptos de Henry Pease. Apuntes personales del curso de Instituciones Políticas Comparadas I (ciclo 2013-I) de la maestría en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP.

[5] Manuel Pardo y Lavalle gobernó el Perú de 1872 a 1876, siendo el primer presidente civil de la historia republicana.

[6] Presidente del Perú en dos oportunidades, entre 1908-1912 y 1919-1930. Historiadores señalan que la llamada ‘Patria Nueva’ de Leguía intentó romper con el pasado y modernizar las relaciones del Estado con la sociedad civil a través de una ruptura con los partidos políticos y con la oligarquía.

[7] Más información en: <http://agoraabierta.blogspot.com/2013/11/la-oligarquia-en-el-peru-y-america.html&gt;

[8] Barrington Moore (1913-2005) fue uno de los científicos políticos más importantes del siglo XX. Sus investigaciones se enfocaron en analizar comparativamente los procesos de desarrollo exitosos y fallidos en diversos países del mundo. Para ello hizo recurrentes viajes a China, Francia, Estados Unidos, Japón, India y América Latina.

[9] Apuntes de clase del curso de Procesos Políticos en el Perú y América Latina en el siglo XX (ciclo 2013-II) de la maestría en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP. Profesor: Javier Alcalde.

[10] El conflicto de Bagua, desatado el 5 de junio del 2009, ocasionó la muerte de 23 policías, de cinco pobladores y de cinco nativos como consecuencia de la aprobación de una ley que permitía a las empresas trasnacionales mineras y petroleras explotar los territorios de la selva con beneficios que supuestamente vulneraban los derechos de las poblaciones amazónicas. Esa crisis fue precedida por un bloqueo de 55 días de la carretera Fernando Belaunde, ejecutada por 5.000 nativos aguarunas y huambisas. Bagua se ubica en Amazonas.

[11] La crisis de Conga (Cajamarca) fue el peor revés político del gobierno de Ollanta Humala. El millonario plan de explotación minera de la empresa Yanacocha fue paralizado en el 2011 por las protestas sociales que alertaban sobre la posible contaminación de las lagunas y cuencas de la zona.

[12] Se conoce como huasipungos a los ranchos de los patrones o terratenientes que albergaban en condiciones semiserviles a los campesinos indígenas ecuatorianos. Los huasipungos fueron numerosos en la primera mitad del siglo 20.

[13] Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

[14] El presidente Correa firma el regreso de Ecuador a la OPEP tras 15 años. Diario El País. Madrid, España. Fecha de publicación: 18 de noviembre del 2007. Más información en: <http://economia.elpais.com/economia/2007/11/18/actualidad/1195374774_850215.html&gt;

[15] Ibíd.

[16] Iniciado el 11 de enero de 1976, fue encabezado por el vicealmirante Alfredo Poveda. Fue la última y más larga dictadura militar en Ecuador.

[17] El hecho ocurrió el 18 de octubre de 1977, en la provincia del Cañar. Hubo más de 26 muertos y más de 10 desaparecidos en manos de la represión policial, ordenada por el Consejo Supremo de Gobierno de Ecuador. Más información en: <http://www.pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/241-memorias-y-representaciones-de-la-matanza-de-trabajadores-de-aztra-1977&gt;

[18] Más información en: <http://agoraabierta.blogspot.com/2013/11/la-oligarquia-en-el-peru-y-america.html&gt;

[19] Ibíd.

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: