Bagua y sus muertos revelaron la ignorancia del Estado y los nativos

B-Bagua [Publicado en junio del 2009 en la revista NEXOS de la Universidad de Lima] La violencia de Bagua se replicó en Sicuani (Cusco) y en Andahuaylas, ciudad que albergó el levantamiento de Antauro Humala en el 2005 y que también ocasionó la muerte de policías. Hoy por hoy, autoridades del Ministerio Público investigan el uso de armas en la Curva del Diablo contra efectivos de la PNP. Sin embargo, también sería justo identficar a los políticos que pusieron en bandeja las cabezas de esos uniformados, al no solucionar la crisis amazónica a tiempo.

Escribe: Orazio Potestá (*)

Que desde el inicio de la época republicana, el Estado peruano haya emitido casi 20.000 leyes sobre la amazonía, normas siempre referidas a la extracción y no al desarrollo económico y humano de la zona, es algo que puede explicar mejor la masacre de Bagua, ocurrida el pasado 5 de junio y que causó la muerte de 34 personas: 24 efectivos policiales y diez civiles, cuatro de ellos pobladores nativos. Entretanto, al cierre de la presente edición de Nexos, un mayor de la PNP continuaba desaparecido.

Casi 200 años de olvido explotaron en la Curva del Diablo y ahora aparece en el horizonte del Perú un reto histórico que puede ser decisivo como lo fue en su momento la derrota de la inflación y del terrorismo a fines del siglo pasado: Mirar a la selva e incluirla en ese proyecto de desarrollo que el jefe de Estado Alan García suele proferir con regodeo y entre aplausos costeños.

Primero fue el caucho y luego la madera. Y cuando la selva buscaba formas para sacudirse de los daños de la explotación petrolera, ahora el mundo pide gas y eso es lo que muchas empresas transnacionales han empezado a buscar en ese inmenso océano verde que cubre casi el 70% de nuestro territorio y que cobija a cerca de 1.500 comunidades originarias, de acuerdo con cifras del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana-SICNA.

Bagua ha dejado muchas lecciones y algunas de ellas en el periodismo.

Cuando hay confusión, solamente queda buscar el equilibrio, dijo alguna vez Francisco Igartua, finado director de la revista Oiga. Pues eso fue lo que no se hizo: Apenas transcurridas algunas horas (y posiblemente minutos) de los sombríos sucesos en la carretera Fernando Belaunde y en la Estación 6 de PetroPerú, muchos periodistas ya habían tomado posición por algunos de los “bandos” en conflicto.

Nada parece atenuar los apresuramientos de la prensa en la cobertura noticiosa en Bagua, ni siquiera que el jefe de Estado también haya sido afectado por la impulsividad y el radicalismo: “Ya está bueno. Ya está bueno. Estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. ¿Qué pueden decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos?”. La frase fue hecha horas después de la tragedia.

Mientras eso sucede, la Defensoría del Pueblo ha informado (como siempre) la existencia de 212 conflictos activos en el territorio nacional y es posible que dos o tres estallen antes de diciembre, de acuerdo con mecanismos de inteligencia policial.

Al principio, el objetivo periodístico fue determinar quiénes dispararon primero y prendieron la pradera. Javier Ascues, periodista de enorme experiencia de El Comercio y que decenas de veces fue destacado a zonas de guerra y de desastres naturales, escribió desde la zona que “al ver el accionar de los agentes del orden en la Curva del Diablo, manifestantes que se hallaban en los cerros aledaños desde la noche anterior comenzaron a arrojarles piedras y objetos contundentes”. Y añadió: “De pronto, un grupo comenzó a disparar con escopetas y armas de guerra e hirió a numerosos policías”.

Lógicamente, los pobladores nativos acusan a la PNP de disparar con fusiles desde un helicóptero en vuelo. Sin embargo, hoy por hoy, el origen del primer proyectil no parece ser tan importante, considerando que hay dificultades de fondo que tardarán en arreglarse.

Margarita Benavides, antropóloga del SICNA, ha declarado a los medios de comunicación que falta el saneamiento de aproximadamente siete millones de hectáreas utilizadas por las comunidades nativas, encargo que debe ser cumplido por un organismo como COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) que no posee profesionales especializados en los vericuetos sociales y culturales de la selva.

La jefa de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, simplificó el problema: “Hemos pedido evitar la superposición de lotes petroleros en las reservas comunales nativas y en otras zonas naturales protegidas”.

Entretanto, una declaración de la saliente ministra del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, puso en evidencia la ceguera del gobierno: “Llamé a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y me dijeron que la consulta a los nativos (sobre las normas 1090 y 1064) se iba a ejecutar durante la implementación de las leyes, lo que me pareció una burla porque se estaban haciendo las cosas al revés”.

¿En qué les perjudica la ley? –preguntó con insistencia Rosa María Palacios a los jefes nativos Robert Guimaraes y Fernando Ucchumán, quienes denominaron “subastas” a las concesiones de lotes para la explotación petrolera y que al final manifestaron no conocer en detalle el contenido de las normas.

Cuando ocurrió el estallido en Bagua, la carretera Fernando Belaunde se encontraba tomada desde hacía dos meses y se observaban decenas de camiones y vehículos varados. Igualmente, por causa de ese y otros bloqueos, en las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto se habían registrado pérdidas económicas por 180 millones de soles. ¿Dónde estaba el titular de la PCM, Jehude Simon? La crítica alcanza también a la prensa de Lima que solamente tenía ojos para el caso Panamericana Televisión y la SUNAT.

Mensajes y fotos no solucionan la crisis de fondo

Parece que los problemas en la selva no se acabarán con la derogatoria de las leyes 1090 y 1064, satanizadas como aquellas se aprobaron en el Congreso de la República para “vender la selva a las transnacionales”. Y menos con el discutido mensaje presidencial del pasado 17 de junio, que reconoció equivocaciones del gobierno y que solicitó diálogo y reconciliación para no frenar el desarrollo nacional.

Las fotos de nativos abrazados con efectivos policiales y con el titular de la PCM, Jehude Simon, tampoco atenuarán los reclamos que permanecen subyacentes y que pronto podrían ser difundidos en el marco de nuevas interrupciones de carreteras.

Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP, ha manifestado en la página web de esa entidad que ahora las comunidades nativas exigirán al gobierno de Alan García la derogatoria de otros siete Decretos Legislativos que supuestamente son peligrosos para sus intereses.

Y agregó: “La voluntad de los pueblos indígenas ha sido escuchada y solamente esperamos que en el futuro los gobiernos no legislen a espaldas de ellos”.

Las muestras de arrepentimiento no fueron muy visibles desde el lado del gobierno. Ciertamente, el mensaje presidencial se produjo luego de las declaraciones esos líderes nativos.

Otro hecho podría expandir la flama nativa: El Ministerio de Agricultura reconoce el otorgamiento de once millones de hectáreas a las comunidades de la selva, cuando la cantidad correcta llega a las 13 millones de hectáreas, de acuerdo con el SICNA.

¿Qué hacemos con dos millones de hectáreas en el aire?

Igualmente, el Ministerio de Agricultura señala que los bosques amazónicos en el Perú se extienden en 55 millones de hectáreas. Margarita Benavides del SICNA rechaza esa cifra y afirma que nuestro océano verde abarca 67 millones de hectáreas.

¿El arrepentimiento fue desigual?

Los pobladores nativos ya perdieron el miedo al Estado y el gobierno ha hecho promesas de cemento que no podrá esquivar en el futuro. Ya no.

Se afirma que las tierras de la selva pertenecen a las comunidades nativas, pero que los recursos naturales del subsuelo son propiedad del Estado. Unas pocas palabras que encierran 150 años de conflictos, desde el surgimiento de la fiebre del caucho en la segunda mitad del siglo XIX.

Los nativos señalan que la selva es suya, sin hacer distinciones sobre necesidades energéticas. No entregarán un balde de petróleo y menos un trozo de chonta al Estado, de acuerdo con algunas posturas radicales que han venido ganando adeptos con caras pintadas.

No entra en sutilezas Santiago Manuín, conocido apu de los nativos aguarunas del departamento de Amazonas. Estar entumecido en la cama de un hospital por causa de ocho supuestos impactos de bala de AKM (arma policial) no fue escollo para que rezongara: “La tierra, el agua, el bosque y el aire pertenecen a los nativos. Y eso ocurre desde hace muchísimos años”.

Una reportera de América Televisión le preguntó si lamentaba la muerte de 24 miembros de la PNP. Respondió que “era difícil evaluar eso”. Segundos más tarde, con frases y pausas calculadas, aflojó y reconoció que lamentaba lo ocurrido.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que en la amazonía, zona que cubre el 70% de nuestro territorio, habitan cerca de 340 mil peruanos indígenas.

Leoncio Calla, de acuerdo con El Comercio, fue uno de los dirigentes aguarunas de Río Santiago (Amazonas) que comandaba a los nativos ubicados en las alturas de la Curva del Diablo, justo en el momento del enfrentamiento con la PNP.

Fue testigo excepcional de la barbarie, si bien documentos policiales lo acusan de haber participado directamente en ella. Lo cierto es que al ser entrevistado en un programa de Frecuencia Latina, no demoró en señalar “que la muerte de los policías estuvo mal”. Y luego sostuvo: “Pido perdón por mis hermanos que se dejaron llevar por la venganza”.

Y remató: “La tortura es lo que ocurrió (sic) en la Estación 6 de PetroPerú, luego de que mis hermanos fueran asesinados. Es allí cuando actúan en respuesta (…) Hay culpables y el Poder Judicial lo determinará”.

Las muestras de arrepentimiento no fueron muy visibles desde el lado del gobierno. Ciertamente, el mensaje presidencial se produjo luego de las declaraciones esos líderes nativos.

Las balas no mienten y tampoco la televisión

Cuando algunos periodistas, desde diversas tribunas televisivas, empezaron a solicitar a los dirigentes de AIDESEP que identificaran los supuestos artículos de las leyes 1090 y 1064 que ponían en peligro la propiedad de sus tierras, la permanencia de sus árboles y la limpieza de sus afluentes, poco o nada señalaron.

No hubo argumentos claros y las respuestas fueron genéricas y hasta demagógicas. Solamente mencionaban (y con mucha razón) que el gobierno había incumplido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige consultar a las comunidades de la selva la aprobación de cualquier ley que pueda afectar sus intereses.

¿En qué les perjudica la ley? –preguntó con insistencia Rosa María Palacios a los jefes nativos Robert Guimaraes y Fernando Ucchumán, quienes denominaron “subastas” a las concesiones de lotes para la explotación petrolera y que al final manifestaron no conocer en detalle el contenido de las normas.

–Fernando Ucchumán: “Nosotros, en términos (sic) de las leyes… Para eso ya tenemos a nuestros abogados que las están estudiando”.

–Periodista: “Si ustedes no saben de qué tratan las normas… ¿Cómo pueden protestar?”.

Es muy pertinente la explicación de la especialista en derecho ambiental y recursos naturales, Lucila Pautrat: “Iniciaron la mesa de diálogo y lo primero que se les preguntó (a los nativos) fue qué artículos del Decreto Legislativo 1090 les molestaban, cuando en realidad lo que ellos rechazan era la arbitraria forma en la que fue aprobada esa norma”.

El presidente Alan García fue lejos al sugerir que una mano negra del extranjero había azuzado a los comuneros de Bagua, pero nunca mostró pruebas. Esta nota acaba de escribirse con mechas prendidas en Sicuani (Cusco) y Andahuaylas, en Apurímac, cuyo aeropuerto ha sido tomado por comuneros presuntamente influenciados por militantes nacionalistas, quienes ya han hecho severas advertencias a un gobierno que todavía no se ha recuperado de la crisis de Bagua.

Los pobres argumentos de los jerarcas nativos en los medios de comunicación pueden avivar las sospechas de injerencia política en sus demandas. El presidente Alan García fue lejos al sugerir que una mano negra del extranjero había azuzado a los comuneros de Bagua, pero nunca mostró pruebas: “Hay interés en que nuestra amazonía no se toque y que no se pueda extraer el gas y el petróleo que necesita el Perú para su desarrollo (…) ¿A quién le conviene que el Perú se detenga? ¡A los competidores!”.

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, es otro esclavo de sus palabras: “Hemos estado haciendo una investigación y se ha descubierto –nos falta poco para demostrarlo– que ha entrado al Perú dinero de una ONG internacional para financiar la derogación del Decreto Legislativo 1090”. A esperar sentados.

El necesario colofón…

Esta nota acaba de escribirse con mechas prendidas en Sicuani (Cusco) y Andahuaylas, en Apurímac, cuyo aeropuerto ha sido tomado por comuneros presuntamente influenciados por militantes nacionalistas, quienes ya han hecho severas advertencias a un gobierno que todavía no se ha recuperado de la crisis de Bagua.

Mientras eso sucede, la Defensoría del Pueblo ha informado (como siempre) la existencia de 212 conflictos activos en el territorio nacional y es posible que dos o tres estallen antes de diciembre, de acuerdo con mecanismos de inteligencia policial.

Las fichas yacen sobre la desigual mesa peruana, en donde algunos comen y otros no. Quedan dos caminos: Dialogar y apaciguar o mirarse el ombligo y echarle la culpa a Hugo Chávez y a Evo Morales. Los peruanos ya casi somos adivinos.

 (*) Periodista y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

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